Resumen
Martha Moncada Paredes
En la primera década de este siglo, Ecuador contribuyó a forjar nuevas utopías que se plasmaron en la Constitución mayoritariamente aprobada en 2008. Fue pionero, por ejemplo, su papel en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos; del régimen del buen vivir como horizonte para construir los cimientos del devenir social, político, económico y cultural del país, y del socialismo del siglo XXI como un nuevo sistema de organización de la sociedad. Desde entonces hasta la actualidad, Ecuador ha experimentado más retrocesos que adelantos, más fracasos que logros.Hoy, Ecuador ocupa titulares mundiales por los críticos índices de violencia e inseguridad que soporta. La creciente emigración de población ecuatorianaha hecho que se hable de una nueva ola migratoria, similar a la que vivió el país a inicios de este siglo.[1] Para entender los retrocesos que ha experimentado el país, este artículo ensaya una interpretación en cuatro actos.
Acto 1. La ilusión de cambio y la recuperación del Estado
¿Cómo explicar la paulatina consolidación de la derecha en Ecuador, después de que el país vivió una década (2007-2017) bajo uno de los gobiernos progresistas de mayor relevancia internacional, el de Rafael Correa? La respuesta no es sencilla. El gobierno que propugnaba el socialismo del siglo XXI logró incrementar los niveles de consumo interno, ampliar la cobertura de servicios sociales y paliar la pobreza que afectaba al país. Estos cambios fueron posibles en un contexto caracterizado por un incremento importante de los precios del petróleo y otras exportaciones primarias —boom de los commodities, como lo calificó Svampa (2013)—, para estancarse a partir de los últimos años del gobierno de Correa, de manera coincidente con el declive del precio internacional de las materias primas.
Lamentablemente, el crecimiento económico y la ilusión de bienestar no fueron de la mano con políticas públicas orientadas a la transformación de la estructura económica y social del país. De hecho, el gobierno de Correa no modificó las características de una sociedad profundamente escindida, que convierten a Ecuador en uno de los países más inequitativos de la región. La reducción de la desigualdad por ingresos, por ejemplo, se detuvo desde 2014 y no existió la voluntad política para mejorar la redistribución de la tierra o el agua, sino más bien un reforzamiento de tendencias favorables a la concentración. Basta recordar que el índice Gini[2] de la distribución de la tierra pasó de 0,78 en 2007 a 0,80 en 2017 (Montenegro, Ramos e Hidalgo, 2021).
Desde la convicción de que la superación de las dificultades del Ecuador solo es posible a partir del aprovechamiento de sus riquezas naturales, Rafael Correa favoreció la inversión pública (carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas) y promovió la ampliación de la explotación petrolera, minera y de la agroindustria. El ímpetu por modernizar el país no estuvo exento de graves indicios de corrupción —aunque en algunos casos magnificados por los medios de comunicación hegemónicos y grupos económicos de poder, para quienes resulta intolerable concebir escenarios orientados a garantizar los derechos de la mayoría de la población— que comenzaron a minar la credibilidad de su gestión.
Las voces disidentes a la acción gubernamental fueron objeto de actitudes y prácticas autoritarias, que se manifestaron con especial crudeza en la persecución y criminalización de dirigentes sociales ligados al movimiento indígena, que cuestionaron la ampliación de las fronteras petroleras y mineras. En 2013, el movimiento indígena reportaba 189 personas acusadas de delitos de sabotaje y terrorismo, mientras que organizaciones de derechos humanos citaban más de 200 personas (Moncada y Mancheno, 202l).
La corrupción, el autoritarismo, el predominio de concepciones conservadoras en torno a la familia y los derechos de las mujeres y el alejamiento frente a los sectores sociales organizados contrastan con las posturas mantenidas por el gobierno de Correa en el ámbito internacional, favorables a la integración regional o a la defensa frente al intervencionismo de Estados Unidos en las políticas internas de los Estados, que se manisfestaron con acciones de amplio reconocimiento como la de conceder asilo político a Julian Assange. La importante exposición internacional del gobierno de la que Correa hizo gala se contrapuso con un comportamiento colonial: el apropiamiento de conceptos y enunciados —a los que finalmente vació de contenido— en la aplicación de sus políticas como el Buen Vivir, concepción generada en el seno de los pueblos y nacionalidades indígenas de la región.
Este gobierno de luces y sombras, poco proclive al diálogo y a la construcción de un movimiento político amplio, impulsó la candidatura de uno de sus más cercanos colaboradores, Lenin Moreno. Él había sido vicepresidente durante casi toda la década en la que gobernó Correa. El ascenso de Moreno al poder, con un poco más de la mitad de los votos (51,16%), evidencia la apuesta de la población ecuatoriana por seguir respaldando a la denominada Revolución Ciudadana.
Acto 2. La derecha recupera el protagonismo
La opción por Moreno, una figura con escasa iniciativa, parecería haber sido una estrategia para mantener el control del gobierno en manos de sectores políticos afines a Correa. No obstante, este escenario se desmoronó por tres factores: disputas internas, tildadas de traición por parte de Correa; el estallido de la crisis fiscal; y un cambio en la correlación de fuerzas que otorgó un mayor poder de decisión a la banca y la industria de la agroexportación, en perjuicio de sectores importadores y empresarios, que requieren de la expansión del mercado interno y que habrían estado más articulados al gobierno de Correa (Ospina, 2017).
En este contexto, el gobierno de Moreno se distinguió por la austeridad fiscal y el fortalecimiento de políticas económicas cada vez más favorables a los grandes empresarios, en una clara identificación con el recetario neoliberal y las medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una de las demostraciones más fehacientes de este giro fue el pago por adelantado de la deuda externa durante la crisis de la pandemia por covid-19 (abril 2020) (Arauz, 2020).
El rechazo a la deriva neoliberal del gobierno de Moreno, y en particular de su intención de eliminar el subsidio a los combustibles, provocó el estallido social de octubre de 2019, que paralizó al país durante 13 días. La convocatoria inicial de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y de organizaciones campesinas fue calurosamente recibida por sectores urbanos empobrecidos, trabajadores precarizados, estudiantes, mujeres, jóvenes, pequeños comerciantes…, y constituyó el germen de un discurso alternativo de expresiones de resistencia, que defiende los derechos adquiridos y levanta voces de alerta frente a la necropolítica de despojo aplicada desde el poder, en los términos acuñados por Achille Mbembe (2011).
Así el escenario político, social y económico de Ecuador, ¿cómo se entiende que en las elecciones de 2021 haya triunfado un representante directo de los grupos de poder, el banquero Guillermo Lasso, derrotando con cerca de 5 puntos porcentuales al candidato del correísmo?
El triunfo de Lasso simboliza un proceso de derechización de la sociedad ecuatoriana producto del miedo que se fue apoderando de la población, la xenofobia, el racismo, la instalación de imaginarios según los cuales el retorno del correísmo significaría que Ecuador reproduzca la crisis venezolana. Entre los hitos más sobresalientes que contribuyeron a ahondar posturas políticas de derecha destacan las matanzas carcelarias ocurridas en el país entre 2021 y 2022, con más de 400 personas asesinadas, acompañadas de un incremento de la violencia en varias ciudades del país; la presencia de población migrante, principalmente venezolana, a la que se identificaba como competencia en el mercado laboral; y el repudio cada vez más abierto de las élites ecuatorianas a expresiones de protesta, debido al papel protagónico del movimiento indígena, que en junio de 2022 protagonizó un nuevo levantamiento nacional. Este estallido se extendió por 17 días, para protestar contra el programa de ajuste, la reducción del Estado, la desinversión pública y las intenciones de privatización anunciadas por Lasso.
Aunque la ineficiencia de Lasso y su pérdida de legitimidad forzaron la interrupción anticipada de su gobierno, su paso por el poder (2021-2023) y el posterior ascenso de Noboa, evidencian el interés de los sectores dominantes para retomar el control directo del Estado, en un intento por garantizar su representación. Detrás esta actitud está presente la necesidad de mantener y profundizar su poder económico y político, a través de la ampliación de la frontera de extracción, la precarización de amplios sectores sociales y el desarrollo de otras actividades económicas que podrían estar ligadas a economías ilegales.
No de otra forma se puede entender el exponencial crecimiento del dinero ilícito en la economía legal, que pasó de 1200 millones de dólares en el periodo 2007-2016 a 3500 millones de dólares en 2021, según estimaciones realizadas por Celag (Centro Estretégico Latinoamericano de Geopolítica) (2023), coincidiendo con las exorbitantes tasas de ganancia de la banca.[3] La internacionalización del narcotráfico, como lo caracteriza Carrión (2024), significó desplazar hacia Ecuador buena parte de la producción de cocaína, aumentar el lavado del dinero proveniente del narcotráfico (favorecido dentro de una economía dolarizada) y convertir su territorio en un lugar de tránsito de la droga que se exporta hacia Estados Unidos y Europa. La única respuesta ante el triple rol que desempeña Ecuador en el mercado de la droga, y el consiguiente aumento de los niveles de violencia, ha sido el despliegue de políticas de seguridad y control.
Acto 3. Seguridad como política primordial y desmantelamiento del Estado
Daniel Noboa llegó a la presidencia del Ecuador teniendo como experiencia fundamental el manejo de las empresas del grupo económico al que pertenece —cuyo origen remite al uso despótico de haciendas bananeras en la Costa ecuatoriana— y un casi imperceptible paso por la Asamblea Nacional. Su ascenso al poder se explica por la promesa de superar la polarización política entre correísmo y no correísmo que ha estado presente enEcuador en los últimos años; por la utilización de un estilo no tradicional de hacer política, lejano de los moldes convencionales (breves intervenciones públicas, uso eficaz de redes sociales), y por el ofrecimiento de recuperar la seguridad ante la exacerbación de la violencia, que se selló con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la república.
Al iniciar Noboa su mandato, Ecuador se presentaba como el país más inseguro de América Latina, con 8008 muertes violentas en 2023, lo que se traduce en una tasa de 47 homicidios por cada 100 mil habitantes (Presidencia de la República del Ecuador, 2024). Dentro de esta violencia sin antecedentes en el país, mujeres, niñas y niños son víctimas particularmente vulnerables. Registros existentes dan cuenta de un feminicidio cada 27 horas (Fundación Aldea, 2024) y de un incremento en la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes del 640 % en cuatro años (2019-2023) (UNICEF, 2024), a lo que se suman elevados índices de extorsiones y secuestros.
Para enfrentar esta situación, Noboa optó por una decisión inusual y sin parangón en la historia reciente: la declaratoria de un conflicto armado interno. Esta tuvo tres efectos: la militarización de la sociedad, la declaratoria de estado de excepción (que en el país parece haberse normalizado con más de 28 de estas desde 2017) y el señalamiento a las bandas criminales como grupos terroristas, un calificativo que podría extenderse de manera indiscriminada a sectores sociales, activistas y figuras de la oposición.
En un alarde del estilo autoritario que impregna al gobierno, a inicios de abril de este año, el mundo presenció con estupor la decisión del actual presidente de Ecuador de asaltar la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno, quien se encontraba ahí como asilado político. Fue una decisión sin precedentes, que transgredió normas internacionales sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas e irrespetó la política de asilo.
Luego de esa acción, México decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador, lo que acarreó la condena por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) al asalto a la embajada mexicana y la presentación, por parte del gobierno mexicano, de una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Aunque es preocupante reconocer que estas implicaciones inmediatas —a las cuales podrían sumarse otras adicionales como la suspensión de Ecuador de la ONU— han sido minimizadas por el gobierno. Es aún más grave constatar que, con el paso de los días, Noboa no solo ha expresado su negativa a exteriorizar disculpas internacionales, sino que persiste en reafirmar la legitimidad de su actuación.
El asalto a la embajada de México ha puesto en evidencia la prepotencia, arrogancia y autoritarismo con las que Daniel Noboa, hijo de una de las familias más ricas del país, está manejando el poder. No podía ser de otra manera. Históricamente, las élites ecuatorianas han demostrado la ausencia de voluntad para mantener diálogos y construir pactos sociales, un abierto desprecio hacia los sectores pobres y racializados, un débil compromiso con las normas democráticas y una actitud displicente hacia lo público, que se maqnifiestan en decisiones de política orientadas a la sistemática reducción del Estado y el debilitamiento de la institucionalidad existente.
El ascenso de la derecha autoritaria en Ecuador tiene lugar en un escenario regional que comparte similares trayectorias: los casos de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina y la posible próxima victoria de Trump en Estados Unidos. Tales paralelismos parecerían surgir del miedo de la población ante la inseguridad, que se ha convertido en el caldo de cultivo para favorecer imaginarios sociales según los cuales las salidas autoritarias y de prorización absoluta de la seguridad constituyen la única respuesta posible para enfrentar la crisis social, política y criminal. En el caso ecuatoriano, además, la consolidación de la derecha autoritaria en el poder es también la respuesta para detener posibles nuevos procesos de lucha y resistencia como los atravesados en 2019 y 2022.
La irrupción de la protesta social debe ser una preocupación latente. Hay que considerar que para sostener su política de seguridad ante el conflicto armado interno, y bajo el pretexto de la crisis económica, el gobierno ha adoptado medidas que golpean a la mayor parte de la población: una política de austeridad fiscal y un agresivo endeudamiento (hacia el 2023 la deuda externa sobrepasaría el 60 % del PIB). Todo esto ha colocado a Ecuador ante un posible default. Esta política errática, sin estrategia definida, se da en medio de prácticas cada vez más evidentes de manejo corporativo del Estado para beneficiar los intereses privados del régimen.[4]
Tanto para reafirmar las políticas de seguridad desplegadas, como para valorar la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el 2025, Noboa convocó una consulta y referéndum el 21 de mayo de 2024. El resultado de ese proceso favoreció al gobierno en 9 de las 11 preguntas, referidas al fortalecimiento de las políticas de seguridad. Pese a las críticas implicaciones de los contenidos aprobados,[5] el alcance de estas preguntas no fue discutido ni interpelado por los partidos y movimientos políticos que dicen estar en la oposición dentro de la Asamblea Nacional —como el correísmo—, en una clara muestra de su complicidad con el enfoque de seguridad promovido desde los grupos de poder. El reciente cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos es una clara muestra de la vigencia de este enfoque y de la instrumentalización de la política de género en las agendas autoritarias de este ciclo.
Las voces disidentes a este discurso hegemónico lograron detener dos aspiraciones centrales de las derechas del país, que claramente aludían a mayores niveles de precarización del trabajo y a subsumir el destino del Ecuador a los tribunales internacionales de arbitraje. El rechazo mayoritario que recibieron estas dos preguntas, así como el triunfo cosechado en una anterior consulta (febrero de 2023) para exigir el cierre de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní[6] y la negativa a expandir la minería en el Chocó Andino son el acumulado de recientes procesos de lucha y resistencia donde la Conaie ha ejercido un rol central, de la mano con movimientos ambientalistas y sociales, sectores académicos y diversas manifestaciones de las izquierdas entre las que, sin liderazgos claramente definidos, confluyen sujetos de múltiples identidades, portadores de reivindicaciones particulares y de otras colectivas, que interpelan, confrontan y cuestionan el carácter de la dominación.
Acto 4. El difícil camino hacia la unidad de las izquierdas
A la luz de las elecciones presidenciales venideras (febrero 2025) y de la profundización de la agenda neoliberal, diversas expresiones de las izquierdas están impulsando la conformación de un frente amplio en el que también quepan posturas progresistas, como única salida para detener la agudización del estado de cosas existente y el ahondamiento de las múltiples crisis por las que atraviesa el país. Aunque lleno de obstáculos, es un comienzo importante.
¿Cuáles son los sectores que podrían ser parte de esta alianza de las izquierdas? Existen más dudas que certezas sobre la predisposición del correísmo para articularse a un frente amplio. Aunque en los tres últimos gobiernos —de Moreno, Lasso y Noboa—, ha logrado llegar a la Asamblea Nacional con una bancada representativa, su posición ha sido por lo menos ambigua, facilitando y respaldando en ocasiones la promulgación de legislación contraria a los derechos de la mayoría de la población (como la denominada Ley de Apoyo Humanitario, que daba paso a que la terminación de los contratos durante la pandemia sanitaria se realice de manera bilateral y directa entre el trabajador y el empresario, y las recientes aprobaciones de cinco leyes que, entre otros aspectos, incluyen el aumento del impuesto al valor agregado, del 12 % al 15 %, y la condonación tributaria que beneficia a los grandes grupos económicos del país, convirtiéndose en la tercera remisión aprobada en cinco años).
Más allá del apoyo a leyes económicas sustentadas en el recetario neoliberal, el correísmo ha demostrado una escasa propensión al establecimiento de acuerdos. Para los representantes del correísmo, el hecho de contar con alrededor del 25-30 % del electorado (según los votos alcanzados en las tres últimas elecciones presidenciales) justifica únicamente eventuales adhesiones a su movimiento, cerrando la posibilidad de construcción de una agenda común. Su limitada inclinación a la unidad con sectores de las izquierdas y la imposibilidad de que el correísmo acceda sin alianzas a la presidencia, podría interpretarse como una estrategia política para mantener poder en la esfera legislativa y sostener la plataforma política de algunos de sus principales voceros, incluido Rafael Correa.
La alternativa que hace cerca de dos décadas representó el correísmo, hasta la actualidad no ha podido ser cubierta por otros sectores. Aunque Leonidas Iza, presidente de la Conaie, encarna un discurso que frontalmente interpela y cuestiona al poder, y presenta un conjunto de propuestas renovadas que han logrado capturar demandas de carácter nacional, enfrenta al racismo que prevalece en la sociedad ecuatoriana y dificulta que se constituya en un dirigente capaz de aglutinar a otros sectores. Junto a él, figuras menos conocidas, como Pedro Granja[7] y Carlos Rabascall,[8] están pugnando por abrir un espacio en la arena política, principalmente con fines electorales, mientras que varias dirigencias locales, aún silenciadas, podrían ir ganando terreno a medida que se profundice el saqueo de territorios o se impongan las anunciadas medidas de política económica orientadas a la eliminación del subsidio a los combustibles o drásticas modificaciones en la seguridad social. Se trata, por tanto, de una izquierda fragmentada, donde las buenas intenciones aún no cuajan en una propuesta de unidad real.
Pese a estas dificultades, la construcción de una agenda de mínimos acuerdos puede comenzar a marcar algunas diferencias. Esta debería propender a la articulación de propuestas viables que confronten las miradas unilaterales del poder en torno a la seguridad, con otras que enfaticen en sus dimensiones integrales, regionales y políticas; den importancia a recuperar el valor de una democracia sustantiva que facilite disensos, faciliten el procesamiento de conflictos y el cumplimiento de la voluntad popular;[9] creen escenarios que permitan avanzar simultáneamente en la reducción de la explotación-expoliación de la naturaleza y la creación de empleo digno, en clave de nuevos horizontes post-extractivos; y promuevan el cumplimiento de los derechos de los más amplios sectores sociales, como condición básica para recuperar un horizonte en común y de defensa de la vida.
Referencias
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Arauz, A. (2020). Confirmado: en abril, gobierno pagó por adelantado más de $ 936 millones de deuda externa. En, Observatorio de la Dolarización. Disponible en https://dolarizacion.org, último acceso 06.06.2024.
Carrión, F. (2024). La producción social de la violencia en Ecuador y América Latina. Histórica, estructural, plural y relacional. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), FES-ILDIS.
Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica). (2023). Cuánto dinero se lava en el sistema financiero ecuatoriano. Una aproximación desde las cifras macroeconómicas. Disponible en: https://www.celag.org, último acceso 21.05.2024.
Chiasson-LeBel, T. (2020). Tres periodos de relaciones entre las élites y el Estado: una comparación entre los casos de Venezuela y Ecuador. En, Carlos Pástor (ed. y coord.), Concentración económica y poder político en América Latina, 93-136.Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). [93-136].
Córdova, L. (2024). La seguridad como campo político: ¿Cómo disputar la consulta popular de abril? Análisis y debate. Quito: Rosa Luxemburg Stiftung, Oficina Región Andina.
INEC. (2023). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu). Indicadores de Pobreza y Desigualdad. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Mbembe, Achille. (2011). Necropolítica. España: Melusina.
Ministerio del Interior. (2024). Plan de Acción contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Plan 2024-2030. Quito: Banco Interamericano de Desarrollo.
Moncada, M. y Mancheno, T. (2021). El regreso de El Dorado. En, Nogales, N., et al. Amazonía y expansión mercantil capitalista. Nueva frontera de recursos en el siglo XXI, 759-830.Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)..
Montenegro, F., Ramos, M. e Hidalgo, F. (2021). Inequidades y tierra. Diagnóstico de la política y la estructura de tierra en el Ecuador. Quito: Editorial Universitaria.
Ospina Peralta, P. (2017). Traición e infidelidad: los dioses también lloran. Quito: Comité Ecuménico de Proyectos (CEP).
Presidencia de la República del Ecuador. (8 de enero de 2024). Decreto Ejecutivo No. 110. Quito.
Svampa, M. (2013). “Consenso de los commodities” y lenguajes de valoración en América Latina. Revista Nueva Sociedad. (244), 30-46.
Unicef. (15 de enero de 2014). Comunicado de prensa. https://www.unicef.org/ecuador/, último acceso 11.05.2024
[1] La combinación de inseguridad, empobrecimiento de la población y falta de oportunidades ha motivado el incremento de los índices de emigración. Datos oficiales señalan que desde enero de 2022 hasta septiembre de 2023 más de 500 mil ecuatorianos salieron del país y no retornaron (Ministerio del Interior, 2024: 23), sin contabilizar quienes partieron por pasos irregulares.
[2] Este índice mide la inequidad existente en un momento determinado. Mientras más se acerca a 1, la inequidad es más grande y mientras más cercano a 0, la inequidad es menor.
[3] La relación utilidades/patrimonio de la banca asciende en Ecuador al 12 %. Esta relación es superior a la norteamericana de 9,16 % (Acosta y Cajas, 2020).
[4] Un ejemplo reciente que ilustra el manejo corporativo del Estado y la consiguiente realización de negocios privados mediante la utilización de las estructuras públicas es la pretención de construir un complejo turístico ocupando áreas de bosques protegidos en Olón, una comunidad de la Costa ecuatoriana. La empresa que impulsa la construcción de este complejo turístico es propiedad de la esposa del actual presidente.
[5] Una de las preguntas de la consulta, por ejemplo, faculta a que las armas, partes, piezas, explosivos y municiones y accesorios utilizados por bandas criminales sean destinados al uso de la Policía y las Fuerzas Armadas, lo que reduce la posibilidad de discriminar si un homicidio fue ejecutado por un agente del Estado o un criminal y abre paso al comercio ilegal de armas y al paramilitarismo (Córdova, 2024).
[6] La Iniciativa Yasuní-ITT, concebida desde sectores sociales y ambientalistas, fue retomada por el gobierno de Rafael Correa. El motor de esta iniciativa era mantener el crudo bajo tierra, en un área protegida que, además de ser valiosa por la biodiversidad, es el territorio de pueblos en aislamiento voluntario. Esta renuncia a la explotación de recursos naturales se haría a cambio de una contribución financiera de la comunidad internacional. En 2013, la combinación del interés del gobierno por contar en el corto plazo con un flujo de recursos económicos y la presión del sector petrolero hicieron fracasar la iniciativa. El respaldo social que aún mantenía esta idea hizo posible que sectores sociales organizados y el colectivo Yasunidos cumplieran los procedimientos necesarios para convocar una consulta ciudadana que discutiera la decisión presidencial. Bajo el gobierno de Correa, la institucionalidad pública no dio paso a la consulta. Esta se pudo retomar diez años después, cuando la explotación petrolera ya estaba operando al interior del Parque Nacional Yasuní.
[7] Pedro Granja, abogado guayaquileño con estudios de criminología en Europa y América Latina, activista por los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y mujeres, y de sectores subalternos. Ha ganado visibilidad en medios locales alternativos por su estilo de comunicación directo y confrontativo contra las élites políticas y económicas. Es el actual candidato a la presidencia por el Partido Socialista Ecuatoriano, agrupación política débil y con casi nula representatividad en la última década.
[8] Carlos Rabascall, comunicador vinculado al gobierno de Correa. Se convirtió en una figura pública cuando participó, junto con Andrés Aráuz, en las elecciones presidenciales de 2021, bajo las banderas del movimiento correísta. Se ha presentado como una alternativa de centro izquierda para la próxima contienda electoral, sin contar aún con una agrupación política que auspicie su candidatura.
[9] Luego del triunfo de las posturas anti-extractivistas en relación al Yasuní-ITT (consulta de 2023), el gobierno de Lasso calificó de inaplicable el cierre de la explotación petrolera. De la misma manera, la negativa social a la contratación por horas (consulta de abril de 2024) determinó que, a los pocos días de realizada la consulta, voceros del actual gobierno señalaran que regularían el trabajo por horas a través de normativa ministerial.
