Ecuador le dice no al extractivismo.

La victoria de las consultas populares en perspectiva

 En una elección marcada por el deterioro de seguridad en Ecuador, las consultas populares del Chocó Andino y del Yasuní reflejan una apuesta desde la ciudadanía hacia alternativas económicas no extractivas. El pasado 20 de agosto, 68 % de sufragantes del Distrito Metropolitano de Quito votaron a favor de mantener la biodiversidad en el Chocó Andino y así poner fin a nuevas concesiones mineras. Mientras 59 % de votantes a nivel nacional pusieron fin a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía ecuatoriana. En este artículo se recogen los antecedentes de estos referéndums ambientales, sus implicaciones y las dificultades para implementarlos, pues, a pesar del triunfo del sí, el Gobierno ecuatoriano se niega a cumplirlo.

La lucha incesante para preservar el Yasuní ITT

 La consulta nacional para decidir sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní ha sido un proceso impulsado por activistas de Acción Ecológica^[2] y otros colectivos, especialmente de jóvenes ambientalistas, durante más de 10 diez años. En 2013, tras el abandono del gobierno de Rafael Correa de la novedosa propuesta de dejar bajo tierra el crudo del bloque ITT (por las iniciales: Ishpingo, Tambococha, Tiputini) a cambio de una compensación económica de varios países, diversos activistas se aglutinaron bajo el colectivo Yasunidos^[3] para mantener la iniciativa desde la ciudadanía. Sin embargo, el trabajo de estos colectivos enfrentó una serie de irregularidades, entre ellas la anulación de cerca de 400 mil firmas de petición de una consulta popular en 2014 y el inicio de la explotación petrolera en el Bloque 43. Entre las muchas gestiones que realizaron, apelaron a la Corte Constitucional del Ecuador, que el 9 de mayo de 2023 autorizó que se realizara una consulta popular. A nivel nacional se respondió a la pregunta ¿Está usted acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?

El esfuerzo organizativo para informar e incentivar a más de 5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas a votar en favor de la preservación de uno de los lugares más biodiversos del planeta no es poca cosa, sobre todo si se considera el peso de la explotación de materias primas en las economías de la región.

En el libro Más allá del desarrollo, el economista Alberto Acosta menciona: “Con diversos grados de intensidad, todos los países de América Latina están atravesados por estas prácticas. Esta dependencia de las metrópolis, a través de la extracción y exportación de materias primas, se mantiene prácticamente inalterada hasta la actualidad”. Esto ocurre particularmente en Ecuador, un pequeño país petrolero desde los inicios de la explotación en la Amazonía, a finales de los años sesenta.

Mientras los recursos del petróleo se han incorporado al arca fiscal nacional, las comunidades aledañas a las zonas de exploración petrolera han sufrido el impacto ambiental y de salud provocado por la contaminación, y no han visto cambios significativos en sus vidas. En ese sentido, Acosta hace hincapié en cómo el extractivismo no contempla una salida de la pobreza, sino que más bien profundiza debilidades institucionales, como los procesos de exportación de materia prima. Así, concentra la riqueza de estos recursos en pocas manos y lleva esos recursos a las principales ciudades e incluso fuera del país.

Katy Machoa, defensora de derechos humanos y exdirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), hace eco de las palabras de Acosta cuando señala por qué el petróleo debe quedar bajo tierra: “Siempre nos toca lo peor [a las comunidades indígenas], nos toca lo último y, sin embargo, miramos que los presupuestos generales tienen como base la renta petrolera”. Para ella, es clave mantener una relación con la naturaleza sin depredarla, por eso “es claro que esos modelos extractivistas tienen un límite”.

Para Alex Samaniego, activista académico de Rebelión Científica Ecuador, el Gobierno
no pensó a futuro durante los tiempos de bonanza petrolera y creó una dependencia sin salida. “El problema es que no se aprovechó ese auge de precios [del petróleo]. No se aprovecharon los momentos en donde se pudieron haber hecho estas transiciones energéticas. Además, en el mercado global, a [los países del] Sur global, siempre los han tenido en esta posición de proveedores de materia prima. Entonces salir de ser simples proveedores de materia prima requiere de un esfuerzo significativo”, enfatiza.

Esfuerzo que no estuvieron dispuestos a realizar los últimos tres gobiernos, y que la gestión del presidente actual, Guillermo Lasso, rechazó abiertamente. En la campaña para votar no, donde tuvieron un rol central algunos medios de comunicación nacionales, los principales voceros fueron ministros de Estado y de la empresa estatal de petróleo (Petroecuador). El principal argumento para continuar las operaciones de extracción petrolera en el Yasuní se basó en términos económicos, especialmente en la cifra de pérdidas, avaluadas en 1200 millones de dólares por año.

La compañía Petroecuador presentó esta cifra y los ingresos generados como argumento ante la Corte Constitucional antes de que esta fallara en favor de efectuar la consulta popular, según recoge el portal GK. Sin embargo, esta cifra es debatible: en el mismo artículo se menciona que después de todos los costos asociados a extracción, comercialización, pagos, logística, los ingresos netos que le quedan al país son de alrededor de 148 millones de dólares anuales.

Para Sofia Torres, vocera de Yasunidos, la falacia del petróleo como motor de desarrollo fue evidente en su trabajo durante el proceso de pedagogía para la consulta. “Yo tuve la oportunidad de estar en un taller informativo con el pueblo Kayambi, en su mayoría agricultores, y todas esas personas tenían claras cuáles eran las consecuencias del cambio climático en su labor diaria como agricultores. Cada vez se vuelve más complejo tener una cierta soberanía alimentaria o capacidad de producción de alimentos por parte de un sector que además ha sido sumamente olvidado por el Estado”. Para el pueblo Kayambi, de tradición agrícola, que habita en la cordillera central de los Andes, los impactos climáticos y la relación con la extracción petrolera son claros, y buscar alternativas al extractivismo fue una motivación para ir a las urnas y decidir sobre la explotación del Yasuní.

El colectivo Yasunidos publicó 10 alternativas al petróleo durante su campaña. La biomedicina, la bioindustria, el procesamiento de gas y justicia fiscal son algunas opciones para dejar de explotar petróleo. El turismo comunitario es una posibilidad que permite distribuir de manera más equitativa las ganancias, algo que Alex Samaniego recalca: “Siempre nos hablan de los ingresos creados por el petróleo, pero muy poco dinero se distribuye equitativamente. Estas alternativas son clave para generar ingresos de una manera más equitativa”.

Sofia Torres hace hincapié en que el gas que se libera durante en la producción petrolera, y que se quema al aire libre en mecheros que afectan a las comunidades de la zona, podría ser utilizado. Esta alternativa viene desde las comunidades afectadas por la explotación petrolera, cuando varias niñas demandaron al Estado ecuatoriano por los más de 400 mecheros que existen en la Amazonía. “La Corte [de Justicia de la provincia de Sucumbíos] falló a favor de las niñas y se pidió que Petroecuador cerrara los mecheros y que ese gas que se consume a diario, y que enferma la gente pueda envasarse y utilizarse para el consumo nacional”.

Torres menciona que tanto la iniciativa de gas, al igual que la de justicia fiscal, sobre el cobro de deudas por impuestos a grupos con ventajas tributarias, son alternativas que se pueden llevar de manera inmediata y generar ingresos, Mientras tanto, otras opciones solo necesitan apoyo porque ya se llevan a cabo y generarían más ingresos, distribuidos de manera más equitativa que el modelo extractivista actual. A pesar de que los ingresos generados entre 2007 y 2013 por extracción petrolera en el Yasuní ITT sobrepasaron los estimados iniciales, según el colectivo Yasunidos, el país no salió de la pobreza multidimensional en la que viven millones de ecuatorianos hasta el día de hoy.

Como resultado de esta consulta, el Gobierno tendrá un año para acatar los resultados y desmantelar la operación de extracción de crudo en el bloque ITT. Sin embargo, implementar el resultado de la consulta ya es un reto. Hugo Echeverría, abogado ambientalista, recalcaba que “las autoridades han enviado mensajes confusos sobre el dictamen”. Echeverría se refiere a los argumentos del Gobierno central en no
acatar los resultados de la consulta.

El Chocó Andino

 Aproximadamente a 40 km de la capital ecuatoriana, Quito, se encuentra el Chocó Andino, una mancomunidad conformada por seis parroquias (Nono, Calacalí, Nanegal,
Nanegalito, Gualea y Pacto). Se trata de una reserva ecológica en la que existen minerales como oro, cobre y platino. Es un área con bosques protectores, áreas de conservación y presencia de especies como el oso andino, defendidas por más de 15 años por un sector de sus habitantes, quienes notaron que la extensión de las concesiones llegaba a sus hogares.

Pese a ser declarada por la Unesco como la séptima reserva de biósfera en el Ecuador, el Gobierno aprobó licencias de exploración minera en el Chocó Andino. Al momento de la consulta, existen ya once concesiones de minería metálica aprobadas y seis en trámite, estas últimas deberán ser suspendidas, ya que la consulta no permite exploración futura. El grupo de activistas que impulsó la consulta, Quito sin minería, establece que “el desarrollo de actividades mineras en áreas tan sensibles como el Chocó Andino puede generar un impacto irremediable, afectando de manera permanente la biodiversidad y el territorio”.

Esta consulta se dio a nivel local, y solo los votantes que viven en el Distrito Metropolitano de Quito respondieron a las cuatro preguntas que abordaban la minería en gran, mediana y pequeña escala, al igual que la minería artesanal. Alex Samaniego, quien trabajó en las dos consultas con Rebelión Científica, menciona que, durante la preparación para la consulta del Chocó Andino, trabajaron de manera ardua alrededor del desconocimiento de la extensión del territorio del Chocó Andino,
que es uno de los bosques más grandes de Quito, con cerca de 286 805 hectáreas.

Al ser una consulta distrital y no nacional (como la del Yasuní), el énfasis fue generar conocimiento sobre la importancia del bosque y el agua que provee a la capital de los ecuatorianos; fuentes de agua que son contaminadas cuando se realizan cerca actividades como la minería. El resultado de la consulta implica que el Gobierno no podrá otorgar nuevas licencias de exploración minera, pero no será retroactivo, es decir, se mantienen las exploraciones concesionadas hasta el momento.

¿Qué representan estas consultas para la democracia?

 Para hacer acción política no se necesita de un partido, un objetivo común puede unir a distintos sectores de la sociedad. Las consultas populares han sido un recurso democrático que mostró una participación política activa en la sociedad civil ecuatoriana. Para Katy Machoa, “en esta consulta popular del Yasuní pienso que hicimos una gran minga, porque hay diferentes actores, actoras, sectores sociales, personas que empezaron a activarse por el Yasuní”.

Minga, palabra indígena que se refiere a reunión de una comunidad, de diversos actores que comparten sus saberes y herramientas para trabajar por un objetivo común, resuena mucho también para Sofia Torres, portavoz de Yasunidos. “Fue una campaña joven, con diferentes actores desde colectivos feministas al otro lado del país que se unieron para diseminar información respecto a la campaña nacional del Yasuní”. Recuerda cómo durante el inicio de actividades informativas, diferentes colectivos se unieron desde sus provincias para apoyar a la consulta popular.

Para Alex Samaniego, de Rebelión Científica, “la campaña demostró que no es cierto que las campañas partidistas son las únicas válidas en democracia. Se puede tener su fortaleza en la sociedad civil organizada y de esa manera también nos mantuvimos muy limpios”. Da ejemplos de cómo las campañas de las consultas, al no ser partidistas, se mantuvieron alejadas de los escándalos de corrupción [de políticos] que considera comunes, en un país que atraviesa una crisis política y de seguridad, y donde la confianza en instituciones públicas disminuye. “Hacer democracia desde la sociedad civil es posible”, enfatiza.

Los activistas de las campañas lograron que, en medio de elecciones presidenciales y de candidatos a la Asamblea Nacional, los votantes recordaran que tenían la decisión de alternativas reales a nivel ambiental y esto se reflejó en los resultados de la consulta. Pese a que el panorama electoral “parecía llevar a la gente a querer más recursos para más inversión en la seguridad, finalmente fue una muy grata confirmación ver que la población decidió optar por la vida y la conservación de ese territorio”, acota Torres.

Esperanza Martínez, parte de Acción Ecológica, mencionó días después de las elecciones que la campaña por la consulta se hizo lejos de las estructuras tradicionales. “Al no contar con equipos electorales asesores, comunicadores y encuestadoras… fue una campaña descentralizada, con un enfoque local”, dijo en relación con los diversos colectivos que trabajan en varias zonas del Ecuador.

Para Samaniego, las reacciones en otros países al ver los resultados de la consulta en Ecuador no se hicieron esperar. “En Europa estaban bastante contentos con los resultados en Ecuador”. En su artículo para Open Democracy, Samaniego menciona que organizaciones activistas en Brasil ya están mencionando las consultas de Ecuador como ejemplo para alentar un diálogo en alternativas económicas frente al extractivismo.

Tanto Torres como Machoa y Samaniego están conscientes de que la consulta es el primer paso hacia alternativas no extractivistas. Organizaciones como Acción Ecológica,
Yasunidos, entre otras que apoyaron la consulta, deben continuar ejerciendo desde la sociedad civil el monitoreo necesario para la implementación eficaz de estas consultas.

Samaniego subraya que la victoria de la consulta popular empujará a un planteamiento serio sobre la transición energética y los mecanismos democráticos que tienen los
ciudadanos ecuatorianos. “También creo que esto va a obligar a que las conversaciones sobre alternativas se impulsen, pero no nos va a sorprender si es que este resultado todavía lo tenemos que seguir peleando para implementarlo”. La pelea a la que se refiere Samaniego por la implementación ya ha sido visible días después de la victoria de estas consultas. El Ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, declaró que el apagado y cierre de extracción en el Yasuní ITT será responsabilidad de la siguiente administración. El presidente Lasso, en un video, calificó de “inaplicable” la consulta popular.

Para Andrés Aguirre, abogado e investigador, es preocupante la posición gubernamental. “En lo legal, ya debería pronunciarse el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional; hacer un seguimiento de qué está haciendo el Estado”. Efectivamente, en la sentencia de la Corte Constitucional en favor de la consulta consta: “Las medidas a implementar, en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado, se realizarán a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales”.

En medio de elecciones anticipadas y el contexto de inseguridad que se vive en Ecuador,
este es un nuevo reto que enfrentará el movimiento ciudadano que llevó la consulta
popular a las urnas.

Publicado por: Fundación Rosa Luxemburg Oficina Región Andina
Edición y coordinación de la publicación: Ana Robayo
Revisión del texto: María del Pilar Cobo
Diseño: Freddy Coello
Foto portada: Galo Paguay

Esta publicación fue auspiciada por la Fundación Rosa Luxemburg, con fondos del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva del autor/a y no refleja necesariamente la postura de la FRL.

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^[1] Periodista independiente en Ecuador y Colombia, cubre actualidad, política exterior y derechos humanos para prensa internacional.

^[2] Acción ecológica es una de las principales organizaciones ambientales en el Ecuador y la que empujó por la iniciativa de mantener el crudo bajo tierra en el Yasuní.

^[3] Yasunidos es un colectivo formado en 2013 no partidista, autónomo y autogestor, que tiene como objetivo el dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní.