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En este artículo se caracteriza el momento actual que atraviesa el Gobierno colombiano, y se examinan sus encrucijadas, sus tensiones y sus posibilidades, con énfasis en el trámite de las reformas propuestas por la administración Petro. Se da especial relieve a cómo se han configurado tanto la coalición de gobierno como las fuerzas de oposición. Se resalta la importancia del ciclo corto de movilización 2019-2021 como clave para comprender el triunfo de la dupla Gustavo Petro-Francia Márquez. Asimismo, se destacan las dificultades que ha afrontado el Gobierno en sus primeros meses de mandato, se revisan los cambios en el gabinete ministerial y se plantean diversas posibilidades, en un contexto marcado por el trámite de reformas legislativas, la venidera campaña a las elecciones locales, los problemas de la política de paz total y la fragmentación (temporal) de la oposición. Por último, se indaga sobre la hipótesis del presidencialismo movilizador como una posible ruta estratégica del gobierno Petro.
Primera etapa: expectativas y limitaciones [2]
La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez estuvo precedida por dos ciclos de movilización social (Mantilla, 2022) que impugnaron el régimen político y el modelo económico dominante. En el ciclo largo, entre 2008 y 2019, tuvieron un especial protagonismo los movimientos indígenas, campesinos, afrocolombianos y ambientalistas. El ciclo corto, expresado en dos levantamientos masivos en 2019 y 2021, estuvo más centrado en las ciudades, y las y los jóvenes fueron los principales agentes. El levantamiento de 2021 fue el más largo en el tiempo, el más extendido en el espacio, el que congregó el mayor número de actorías sociales y el de mayor diversidad en los repertorios de acción.
La euforia generada por la victoria del primer Gobierno de izquierda de la Colombia moderna es un correlato de la indignación expresada en los dos ciclos movilizadores. Esa economía emocional conllevó altísimas expectativas frente al nuevo Gobierno. No obstante, el presidente Gustavo Petro a le dijo Pepa Bueno, directora de El País de España (2023), que “el cambio es más difícil de lo que pensábamos”. Ese contraste entre expectativas y dificultades ha caracterizado el ejercicio de la ya no tan nueva administración, pero valga advertir que el reconocimiento de los inconvenientes actuales está cargado de confesión y de constatación, mas no de sorpresa. Al inicio de la administración Petro, al menos cinco factores presagiaban un camino lleno de obstáculos:
La ventaja mínima. La dupla de Gustavo Petro y Francia Márquez no logró una marcada ventaja frente a sus rivales en la contienda electoral; en la segunda vuelta presidencial el resultado fue de 50,44 % frente a 47,31 %. Tal resultado sugirió limitaciones para establecer mayorías claras que respaldaran un programa de cambio.
La coalición de rivales. Ante una victoria apretada y un Congreso con reducida presencia de los partidos alternativos (el Pacto Histórico, la coalición de organizaciones de centro e izquierda que respaldó a Petro, tiene 20 curules de 108 posibles en el Senado y 27 de 165 en Cámara), el nuevo Gobierno procuró una coalición amplia con participación del poder político tradicional. En el Legislativo, junto a la izquierda del Pacto Histórico y el centro del partido Verde, se sumaron los partidos Liberal, Conservador y de la U (el partido fundado por el expresidente Juan Manuel Santos para promover la reelección de Álvaro Uribe).
El primer gabinete reunió tres sectores: a) la izquierda ocupó las carteras de Trabajo, Salud, Minas y Energía, Ambiente, Cultura y Defensa; b) los ministerios de Educación, Justicia, Agricultura, Comercio, Vivienda, Hacienda y Relaciones Exteriores fueron encargados a liderazgos que podrían catalogarse como representantes de un liberalismo progresista; c) en el Departamento Administrativo de la Presidencia, así como en los ministerios de Interior, Transporte, Ciencias, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Deporte y en la jefatura de Gabinete de la Presidencia de la República, el poder tradicional obtuvo su porción de representación política.
Tal configuración exigía un permanente acuerdo entre fuerzas políticas para cumplir con el mandato de cambio resultado de la elección presidencial.
El proyecto de Estado heredado. [3] La estructura del Estado colombiano y el perfil de las políticas públicas que han enmarcado el modelo económico en los últimos 30 años han consolidado un modelo económico proclive a la extrema concentración de la riqueza; sin promoción de la productividad, sin estrategias de redistribución del ingreso, con un presupuesto público con alto gasto en guerra y endeudamiento, con pocos canales para la renovación política y con una justicia operante en un marco constitucional que define pesos y contrapesos. El diseño institucional del Estado colombiano entra en tensión con las aspiraciones de un Gobierno orientado a generar redistribución con políticas públicas innovadoras.
El contrapeso institucional como oposición. En un régimen constitucional presidencialista, con división de poderes y organismos de control autónomos, podía preverse que la procuradora general de la Nación y el fiscal general, ambos venidos de la entraña del principal partido de oposición, obstaculizaran políticas estratégicas del nuevo Gobierno. El esquema de pesos y contrapesos diseñado en la Constitución colombiana bien podía jugar como un factor que limitara la actuación del Ejecutivo. De acuerdo con la teoría constitucional, ese rasgo es una buena noticia para la democracia y la desconcentración del poder, pero puede constituirse en una barrera para los proyectos gubernamentales.
Un proyecto ambicioso. El programa de gobierno ganador buscaba canalizar las expectativas de una sociedad movilizada contra las políticas imperantes. Refleja el reto de transformar una sociedad desigual, con un conflicto armado de larga duración, con graves afectaciones ambientales ocasionadas por el extractivismo de las últimas décadas y con la influencia expansiva de estructuras del crimen organizado. En ese marco, el proyecto gubernamental cubre una amplia variedad de asuntos, que incluyen los siguientes:
- Una política de “Paz Total” enfocada en el diálogo con el conjunto de las estructuras armadas ilegales, que incluye a los rebeldes políticos, a los disidentes del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP, y las estructuras criminales.
- Una ambiciosa política orientada a la justicia ambiental, que incluye transición energética, y el freno a la exploración de hidrocarburos y la minería a cielo abierto.
- Políticas de bienestar social que incluyen un ingreso básico e integración al sistema pensional a las mujeres que han dedicado su vida a las labores del cuidado, y un bono económico que garantice un mínimo vital para adultos mayores que no pudieron acceder a una pensión, así como un plan de empleo juvenil mediante inversión estatal directa.
- Reforma a la salud orientada a forjar un sistema único, público y universal que no dependa de la intermediación administrativa o financiera privada, basado en un modelo preventivo y predictivo, con médicos de atención primaria que visiten regularmente hogares, escuelas y lugares de trabajo.
- Reforma laboral que mejore las condiciones de contratación de la clase trabajadora.
- Una política educativa que priorice a 2,7 millones de niños y niñas en condición de vulnerabilidad, junto con un programa que fortalecerá la red de universidades públicas y un plan de salvamento para aliviar a deudores del Icetex.
- La reestructuración de la Policía, incluyendo la eliminación del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad).
Cumplir con un proyecto que procura atacar múltiples injusticias históricas sin contar con las propias fuerzas para alcanzar esos objetivos es el principal reto de la administración Petro. Con un programa de gobierno exigente y unas expectativas sociales altas, el nuevo Gobierno buscaría promover cambios en la legislación vigente y en la operatividad del Estado. No obstante, un sector de la coalición de gobierno no tiene afinidad con el programa ganador, y los contrapesos del Estado son abiertamente hostiles al Ejecutivo. En ese marco, el Gobierno tendría al menos dos opciones: podría pactar con el stablishment reformas de baja intensidad que no despierten traumatismos, pero al precio de incumplir con su proyecto; o podría radicalizar su discurso y poner en riesgo una alianza amplia que le garantice gobernabilidad, compensando esa debilidad con la movilización de organizaciones populares afines.
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[1] Filósofo colombiano, integrante del Grupo Permanente de Trabajo de Alternativas al Desarrollo, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, integrante de La Creciente. Sus temas de investigación son la ontología social, la filosofía política y el contexto político colombiano y latinoamericano.
[2] Mis conversaciones con Juan Houghton, Tatiana Rodríguez, Andrea Cely, César Torres, y mis compañeras y compañeros de La Creciente enriquecieron este artículo.
[3] “Un proyecto de Estado indica los imaginarios, los proyectos y las prácticas políticas que 1) definen y regulan los límites del sistema estatal frente a la sociedad en general y 2) tratan de proporcionar al aparato estatal así delimitado una fundamental unidad operativa interna suficiente para que sea capaz de llevar a cabo sus tareas “socialmente aceptadas”, ya sean heredadas o redefinidas… Considerados de esta manera, los proyectos estatales tienen por objeto proporcionar un patrón o marco coherente en el que agentes individuales y órganos del Estado puedan coordinar y combinar juiciosamente (…) políticas y prácticas, y también para conectar diversas políticas para perseguir el interés nacional (más o menos ilusorio), el bien público y el bienestar social. En este sentido, los proyectos de Estado también se articulan normalmente con varios paradigmas de políticas (…) que encuadran las orientaciones de la práctica política y las decisiones en ámbitos políticos específicos” (Jessop, 2017, p. 135 y ss).
