Migración popular venezolana, delitos y percepciones.

Antonio González Plessmann^[1]

¿La migración masiva, popular, venezolana, iniciada en 2015, tiene algún impacto en el aumento de la ocurrencia delictiva en los principales países receptores (Colombia, Ecuador, Perú y Chile),^[2] como suele pensar buena parte de las sociedades de esos países? ¿Tienen los venezolanos una mayor propensión a cometer delitos que los nacionales de los países receptores? ¿Qué percepción se tiene en esos países de la población migrante pobre proveniente de Venezuela? ¿Qué reflejan las estadísticas criminales y las encuestas de victimización sobre los delitos presuntamente cometidos por migrantes venezolanos? ¿Cuáles son las líneas de acción que habría que impulsar para transformar esta realidad migratoria, con un enfoque de derechos humanos, desde la perspectiva de los migrantes y de las sociedades receptoras? Estas son las preguntas que orientan la presente
exploración documental.

En este artículo se muestra una visión panorámica de la investigación actual sobre migración venezolana y delito en los países de la región. Pese a las diferencias metodológicas, contextuales y de enfoque, existe un consenso sobre la ausencia de correspondencia entre la percepción mayoritaria de la población de los países receptores y los datos que expresan el comportamiento delictivo real en cada país.

Descarga Migración popular venezolana, delitos y percepciones. Explorando la situación en Colombia, Ecuador, Perú y Chile

Sobre la migración popular venezolana y sus causas

Es posible identificar dos grandes momentos de flujo masivo de migrantes venezolanos en la historia reciente. El primero ocurrió entre 1998 y 2014 y alcanzó las 768 000 personas, motivadas fundamentalmente por una percepción de riesgo (Phélan y Osorio, 2020): por los cambios políticos en Venezuela o por la inseguridad frente al delito. En ese período, la migración ocurrió mayoritariamente hacia países del norte y por vía aérea; los migrantes contaban con recursos financieros y un alto nivel educativo, lo que facilitó su inserción laboral (Phélan y Osorio, 2020). La mayoría de estos migrantes, según Phelan y Osorio, “tenían fuertes valores asociados al capitalismo, la social democracia, la meritocracia, el liberalismo o el conservadurismo” (Phélan y Osorio, 2020). El segundo momento inició en 2015 y se mantiene abierto. Se trata de un proceso migratorio inédito en la historia del país, por su masividad y composición de clase. Esta migración (2015) está conformada mayoritariamente por personas jóvenes, de los sectores populares (inicialmente, sobre todo varones), tanto de zonas urbanas como rurales, que migran por razones socioeconómicas, de sobrevivencia,[3] a países de América Latina y el Caribe (86 % de la migración venezolana está en la región; R4V, 2023a), por vía terrestre, medios precarios, frecuentemente sin documentos de viaje. Estos migrantes se insertan en economías informales (y en algunos casos ilegales), en trabajos precarios, como mano de obra barata (Antillano, Chacón, Dávila y Sepúlveda, 2023). Solo entre 2015 y 2020 salieron 4 322 000 personas (Phélan y Osorio, 2020). Esta es la migración que ha impactado de manera sustancial a las sociedades receptoras del sur del continente y es en la que se centra el presente artículo (cuadro 1).

Cuadro 1
Características de los momentos migratorios

En los cuatro principales países receptores de América Latina, la nacionalidad venezolana es la mayoritaria, en relación con la población migrante total, como se refleja en el cuadro 2.

Cuadro 2
Población venezolana migrante en países receptores (2023)

Fuente: R4V (2023b) y BID (2023a).

Señalan Phélan y Osorio  (2020) que, históricamente, “dos aspectos han impulsado el flujo migratorio al exterior: el miedo y el hambre”. La migración venezolana previa a 2014 fue de las primeras, mientras que la que inició en 2015 fue de las segundas, producto de una debacle económica. Por qué la economía venezolana cae en esta debacle,^[5] en la que se encuentra desde 2014, es un asunto de amplio debate, de respuestas polarizadas, propaganda, investigación académica sesgada, invisibilizaciones y sobrevisibilizaciones interesadas. Responder esta pregunta no es un asunto menor. Como señalaron varios presidentes latinoamericanos reunidos en Palenque, México, en 2022, “enfrentar conjuntamente la realidad migratoria bajo el enfoque de derechos humanos […] requiere de responsabilidad compartida y cooperación para lograr resultados a partir de abordar las causas estructurales”.^[6] Toca profundizar el diagnóstico sobre cuáles son las causas estructurales de la migración venezolana de la última década si efectivamente se quiere avanzar hacia soluciones de fondo, con un enfoque de derechos.

El gobierno venezolano y sus defensores priorizan como causa única de la debacle la agresión de EE. UU. contra Venezuela, ocurrida fundamentalmente a través de medidas coercitivas unilaterales (MCU) impulsadas y celebradas tanto por un sector de la oposición local como por los gobiernos de varios de los principales países receptores del continente (articulados en el Grupo de Lima desde 2017); al tiempo que omiten cualquier responsabilidad propia (Misión Verdad, 2023). Por su parte, los sectores de oposición (políticos, económicos, académicos, no
gubernamentales, etc.) enfatizan, en la explicación, la orientación de la política económica de los gobiernos bolivarianos (“estatista”, “contraria a la propiedad privada y a los derechos”), la corrupción y la ineficiencia de la gestión, omitiendo, también, cualquier responsabilidad propia (Villasmil, 2022). Evidentemente, una crisis económica y política de la magnitud de la que vive Venezuela obedece a múltiples factores, unos estructurales^[7] y otros coyunturales,^[8] que deben ponderarse adecuadamente. Desentrañar las causas y responsabilidades múltiples es una tarea pendiente, tan importante que debe hacerse sin prisa, con datos, propiciando el diálogo y la confrontación de distintas perspectivas, y lejos de los reflectores.

Sobre la migración, la inseguridad subjetiva y la objetiva

La inseguridad frente al delito tiene una dimensión subjetiva y otra objetiva. La primera alude al temor, fundado o infundado, a ser víctima de un delito. Se trata del

miedo a ser víctima de un delito que manifiestan los entrevistados [y que es] producto de la construcción social del miedo asociado a diversos factores, en especial las noticias escritas o visuales que recogen los medios de comunicación. El desamparo institucional y social crea condiciones específicas para el temor de ser víctima (no la probabilidad), asociada a la difusión de noticias […] de situaciones delictivas extremadamente crueles y violentas (como por ejemplo una toma de rehenes). (Pegoraro, 2000)

Sus indicadores son los resultados de encuestas de percepción. La segunda dimensión (inseguridad objetiva) alude a la probabilidad o riesgo de ser, efectivamente, víctima, directa o indirecta, de un delito. Los indicadores de esta inseguridad son las estadísticas delictivas y las encuestas de victimización, según las cuales, al considerar distintas variables, es posible establecer con alguna objetividad la probabilidad de ser víctima de algunos delitos (Pegoraro, 2000).

Ambas dimensiones son independientes (Sozzo, 2000). Puede reducirse la ocurrencia de algunos delitos y aun así mantenerse o aumentar la sensación de inseguridad (vinculada a esos delitos) en una parte de la población, o puede existir mayor temor en sectores sociales que son menos victimizados.

En la dimensión subjetiva de la inseguridad, como señala Pegoraro, inciden múltiples situaciones ajenas a la real ocurrencia delictiva, que pueden explicar la sensación de vulnerabilidad y que se encuadran en la “construcción social del miedo”: el “desamparo social” (p. ej. temor a perder el empleo, enfermarse y no tener atención, temor a que no alcancen los ingresos, conciencia del déficit en los servicios públicos, etc.), que crea una impresión de desprotección ante contingencias; el “desamparo institucional” (desprotección estatal, temor a la Policía por corrupta y/o violenta); mensajes difundidos por medios de comunicación o redes sociales que sobrevisibilizan hechos delictivos (o características de los victimarios); así como casos que generan gran conmoción social.

En lo que sigue, se explorarán los datos disponibles sobre las dimensiones subjetivas y objetivas de la inseguridad relacionada con la migración venezolana en los principales cuatro países receptores de la región.

Inseguridad subjetiva y percepciones sobre la migración venezolana

La inseguridad frente al delito es un problema percibido como importante por la población de los países receptores incluso antes de la llegada de los migrantes. En tres de los cuatro países seleccionados, esta ya era percibida por la población como el principal problema del país en 2012. En el cuarto país, el problema estaba en segundo lugar.

Cuadro 3
Principal problema del país (2012)

Fuente: Lagos y Dammert (2012).

La llegada masiva de los migrantes, un lustro después, contribuyó a la profundización de esa percepción.^[9] En Colombia, la inseguridad frente al delito es el principal problema identificado por la población en 2024, con el 29 % (Pinto Duitama, 2024), y se encuentra entre los tres primeros en la década anterior; en Ecuador también es el principal problema percibido en 2024, con el 43 %
(CEDATOS, 2024); en Perú es el principal problema durante toda la última década, por encima del 80 % (Castro y Mejía, 2020); y en Chile, en 2024, lo es con el 51,9 %, seguido de la inmigración, con 31,4 % (24 horas, 2024).

La preocupación previa sobre la inseguridad entra en resonancia con la presencia masiva de extranjeros, en un período muy corto. Contribuye a ello que esos extranjeros son pobres y están racializados. En una encuesta reciente sobre la migración venezolana, las personas consultadas admitieron que “el rechazo hacia las personas migrantes está más asociado con su pobreza (aporofobia) que con su condición extranjera: en Colombia así lo refirió 51,8 % de los entrevistados; en Ecuador, 44,7 %; y en Perú, 45,4%” (OXFAM, 2023^[10]). El temor/rechazo al “otro” se solapa con el racismo y el clasismo prexistentes en cada sociedad, se vincula con problemas previos (inseguridad, déficit de derechos, desamparo institucional) y es, también, atizado o instrumentalizado, de distintas formas, por generadores de opinión y por la cobertura de los medios.

El 82 % de las personas consultadas por Latinobarómetro en Ecuador, el 83 % en
Colombia, el 72 % en Perú y el 49 % en Chile consideraban, en 2019, que “la llegada de inmigrantes les perjudicaba a ellos y sus familias” (Cruz-González y Cárdenas Ruiz, 2022). En 2023, la percepción negativa se mantenía: “siete de cada diez personas entrevistadas en Ecuador (72,9 %), Perú (71,7 %) y Colombia (65,8 %) estuvieron de acuerdo con la expresión ‘la inmigración hace bajar los salarios y empeorar las condiciones laborales para muchos trabajadores del país’” (OXFAM, 2023). Los datos son similares en relación con el vínculo migración-delito: en 2019, el 73,5 % de las personas consultadas en Colombia, 67,9 % en Ecuador y el 70 % en Perú consideraron que la inmigración “hace subir la delincuencia y la inseguridad” (OXFAM, 2019). Una encuesta de Latinobarómetro de 2020 señalaba que, en Colombia (70 %), Ecuador (79 %), Perú (72 %) y Chile (72 %), la inmensa mayoría de la población consideraba que “los inmigrantes causan un aumento del crimen” (Laboratorio de percepción ciudadana y migración, 2023, 18). Tres años después (2023), un análisis sobre las publicaciones en Twitter (X) alrededor del tema de la migración en los principales países de acogida en el continente señalaba que “la seguridad se mantiene como el tema de mayor relevancia” (BID, 2023b).

En los cuatro países seleccionados, el tema de los migrantes venezolanos (en particular la relación de los migrantes venezolanos con el delito) ha sido reseñado de manera sesgada por medios de comunicación, según demuestran diversas investigaciones. Un estudio de 2021, en el Perú, “arroja que el 70 % de las notas televisivas que se refieren a personas venezolanas tratan de temas policiales y sobre delincuencia (esta cifra es 80 % para los diarios populares)” (Laboratorio de percepción ciudadana y migración, 2023, 8). Otro estudio, centrado en una selección de noticias de un diario ecuatoriano (El Comercio) y otro colombiano (El Tiempo), durante 2019, concluyó que “la mayoría de los contenidos difundidos se enfocan en informar temas como el flujo migratorio y los casos de conflictos sociales, delincuencia o muerte donde encuadra negativamente la migración venezolana”. En Chile, un estudio de 2019 concluyó, en la misma línea, que existe una representación racializada y estereotipada de los migrantes en los medios, que “reproducen la idea de migración como un problema social (pobreza, delincuencia, masividad)” (Stefoni y Brito, 2019).

En los distintos países de la región, líderes de opinión (en particular políticos y funcionarios públicos) han realizado declaraciones xenófobas y propuesto mecanismos o políticas que contribuyen a la criminalización de la población migrante. Los migrantes suelen ser utilizados de distintas formas en los contextos políticos locales: como chivos expiatorios, como medios para atacar a un adversario o como dispositivo para sumar adhesiones (populismo punitivo). El temor suele crecer, además, cuando ocurren casos que generan gran conmoción pública, como homicidios y femicidios cometidos por migrantes.

Ejemplos de lo anterior son las declaraciones del entonces (2018) presidente del Ecuador, Lenín Moreno, luego del asesinato de una mujer embarazada por parte de un migrante, en las que anunciaba la “conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera […] Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie” (León Cabrera, 2019). Un año después (2019), el secretario de Comunicación del Gobierno del Ecuador, Andrés
Michelena, difundió, sin ningún dato de sustento, lo siguiente: “Tenemos conocimiento de la estrategia de Maduro. No podemos tolerar que envíe a personas que tiene detenidas en sus cárceles al Ecuador, por eso rechaza la entrega de récord judicial”.^[11] En Colombia, el entonces alcalde de Bucaramanga (2017), quien luego sería candidato presidencial, Rodolfo Hernández, señaló que “se vinieron todos los limosneros de Venezuela, las prostitutas y los desocupados para acá, porque somos prácticamente lindero de frontera; entonces cómo hacemos, aquí no los podemos matar ni echarles plomo, nos toca recibirlos” (RCN, 2017). En una línea similar se pronunció el candidato presidencial colombiano (2018), Germán Vargas Lleras, al señalar, sobre la migración venezolana, que “nos están mandando los peores delincuentes” (Ordóñez y Ramírez Arcos, 2019, 48-68).^[12] Por su parte, la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López (2020), señaló: “Yo no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos” (DW, 2021). Al año siguiente (2021), López propuso, sin éxito, un

Comando de Policía y Migración que nos ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante que, desa-fortunadamente, está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad. Estructuras criminales que están operando con un altísimo nivel de violencia armada, violencia homicida, incluso contra miembros de nuestra Policía. Los dos casos dolorosos de agresión homicida contra dos policías de nuestra ciudad este año han ocurrido justamente por miembros de estructuras criminales migrantes.^[13]

Un año antes (2020), en Perú, el ministro del Interior, Carlos Morán, creó efectivamente un mecanismo similar (la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera) y declaró que “Maduro nos inundó de delincuentes venezolanos” (Fiallo Flor, 2020). Tanto en Ecuador como en Colombia y Perú hubo un debate público y cuestionamientos ante estas y otras declaraciones que fomentan o
expresan xenofobia.

La combinación de los distintos factores aquí señalados (sensación de inseguridad previa a la llegada de migrantes, llegada masiva de migrantes pobres y racializados en un corto período, preocupación por el aumento de la vulnerabilidad, cobertura sesgada en los medios, instrumentalización de los migrantes en el discurso político y casos que generan conmoción), que interactúan entre sí, permite explicar que las mayorías en las sociedades de los países receptores consideren que la migración venezolana aumenta la ocurrencia de delitos (en particular los delitos violentos). Como se verá en el siguiente apartado, los datos disponibles contradicen tal asociación.

Inseguridad objetiva y estadística delictivas sobre migración venezolana

¿Qué probabilidad real tiene una persona de alguno de los cuatro principales países receptores de ser víctima de un delito cometido por un venezolano? O, planteado de otra forma, ¿tiene un migrante venezolano más probabilidades de cometer un delito que un nacional, en los países receptores? Teóricamente, estas preguntas se podrían responder a partir del análisis de series de datos sobre la ocurrencia delictiva en esos países, que incluyan la nacionalidad del presunto victimario, por tipos de delitos, por territorio y fecha. Ese es el ejercicio que se realiza en distintas investigaciones que aquí se resumen.^[14]

Colombia

Un estudio de Bahar, Dooley y Selee (2020, 2) comparó el porcentaje de delitos cometidos por venezolanos en Colombia con el porcentaje de venezolanos del total de la población. Con datos de 2019, identificó que “2,3 por ciento de los arrestos por delitos violentos […] involucraron a venezolanos, mientras que los inmigrantes de Venezuela representan el 3,2 por ciento de la población total del país”, lo que implica una subrepresentación de esta nacionalidad en los arrestos relacionados con este tipo de delitos. Sin embargo,

al tomar en cuenta delitos menores, el panorama es más heterogéneo: el 5,4 por ciento de todos los arrestos fueron de venezolanos, una tasa más alta que su proporción en la población. La mayoría de estos delitos, sin embargo, fueron denunciados en regiones fronterizas, lo que quizás sea un reflejo de las redes de tráfico ilícito que operan a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. (Bahar, Dooley y Selee, 2020, 2)

En otro estudio (Knight y Tribín-Uribe, 2020) se encontró una correlación positiva entre el delito de homicidio y la llegada de migrantes venezolanos a los cinco principales cruces fronterizos, tras el cierre y reapertura de la frontera entre ambos países (2016), pero aquí se precisa que la nacionalidad de las víctimas que hicieron subir las tasas era venezolana. Es decir, los migrantes eran
fundamentalmente víctimas y no victimarios de estos delitos.

Un tercer estudio (Franco Mora, 2020) presenta conclusiones similares, a partir de una base de datos que correlacionó el flujo migratorio venezolano con las denuncias de delitos más comunes (hurto a personas, hurto a comercios, homicidios y lesiones personales), entre enero de 2016 y junio de 2018, para los 1101 municipios de Colombia. El procesamiento arrojó que “para ninguna de las especificaciones con efectos fijos o con variables instrumentales se encontró que la migración aumente los niveles de delitos violentos como los homicidios o las lesiones personales”. Sin embargo, sí hubo un efecto fijo positivo para los delitos de hurto a personas y comercios, “en particular, un flujo mensual de mil migrantes irregulares aumenta en 8,8 y en 1,8 puntos las tasas mensuales de hurto a personas y hurto a comercio, respectivamente” (Franco Mora, 2020).Este efecto fue mayor en los meses más cercanos a la llegada del flujo de migrantes, lo que el autor relaciona con la motivación económica de sobrevivencia de los migrantes recién llegados. La investigación encontró, también, una leve disminución de la ocurrencia de estos delitos con el inicio de políticas de regularización, en 2018.

Finalmente, otro estudio de la Fundación Ideas para la Paz (Castillo et al., 2019) contrasta, asimismo, el flujo migratorio con las estadísticas de ocurrencia delictiva globales.

Cuadro 4
Colombia: crecimiento de población venezolana /
Homicidios (general) / Homicidios con víctimas venezolanas

Fuente: Castillo et al. (2019).

En relación con el delito de homicidio, los datos arrojan que, mientras la población migrante venezolana creció en un 312,7 % entre 2015 y 2018, la tasa de homicidios nacional se mantuvo estable (entre 2,6 y 2,4 por c/100 mil hab.), lo que sugiere una ausencia de impacto de la migración en la ocurrencia de ese delito. Lo que sí aumentó durante esos años fue la tasa de victimización por homicidio de migrantes venezolanos. También subió la ocurrencia general del delito de lesiones (46,1 %) y de hurto (138 %), pero en una proporción menor al crecimiento de la población migrante. En el estudio se concluye que los

resultados del análisis cuantitativo sugieren que, a nivel general, los índices delictivos en Colombia no se han visto afectados por la llegada masiva de migrantes venezolanos; eso significa que el comportamiento de los homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y hurto a personas no pueden ser explicados por el flujo migratorio. (Castillo et al., 2019)

Los resultados de la Encuesta nacional de victimización de Colombia (Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, ECSC) confirman las conclusiones generales de las investigaciones previamente citadas.

Cuadro 5
Colombia: crecimiento de población venezolana / Decrecimiento de victimización

Fuente: DANE y ECSC (2018-2021) y https://www.r4v.info.

Mientras que la población venezolana en Colombia creció en un 86 % entre 2018 y 2021, la victimización nacional decreció en 48 % en el mismo período y las victimizaciones por hurto, en más del 50 %. En sintonía con las investigaciones precedentes, estos datos demuestran que, en ese período, la migración venezolana no tuvo impacto en la criminalidad global en Colombia, que, lejos de aumentar, decreció.

Ecuador

Es escasa la investigación que analiza la relación entre las estadísticas de criminalidad y la migración venezolana en Ecuador, en la última década.^[17] Adicionalmente, no existen encuestas nacionales, oficiales, de victimización, desde 2011. Existe una encuesta de victimización reciente pero circunscrita a la ciudad de Quito, donde, a diferencia de la situación nacional, parece haberse reducido la victimización general. Adicionalmente, en el último lustro, Ecuador está viviendo un proceso muy traumático de aumento de la violencia criminal asociada al narcotráfico. Por tales razones no es posible construir una aproximación a partir de información pública disponible, ni sacar conclusiones sólidas sobre la relación entre migración venezolana y ocurrencia delictiva.

Ecuador ha vivido, en los últimos cinco años, un proceso muy radical de aumento de los homicidios, como se expresa en el siguiente cuadro.

Cuadro 6
Ecuador: Homicidios,
número y tasa por c/100 mil hab.

Fuente: Comisión estadística de seguridad ciudadana y justicia (2024).

Se trata de un dramático crecimiento del 704,4 % en los homicidios, entre 2018 y 2023, que expresa una violencia que viene reconfigurando la sociedad ecuatoriana. La situación del Ecuador está marcada por el aumento de la presencia y control del narcotráfico, como consecuencia de una concatenación de factores,^[18] y por la presencia de bandas locales y organizaciones internacionales (albanesas, mexicanas, colombianas, italianas). Por tal razón, es poco significativo relacionar el aumento de la migración venezolana (que creció en 117 % en los últimos seis años) con el aumento de la violencia en ese país.

Cuadro 7
Crecimiento de población migrante venezolana en Ecuador

Fuente: https://www.r4v.info.

Entre los pocos datos disponibles sobre la relación de venezolanos con el sistema penal, se encuentra el último censo penitenciario (2021). En 2021 había 2302 venezolanos privados de libertad en las cárceles ecuatorianas (1222 hombres y 80 mujeres), de un total de 31 321 privados de libertad (29 356 hombres y 1965 mujeres) (INEC, 2022), de los cuales el 83,4 % cuenta con sentencia. Entonces, los venezolanos constituían un 3 % de la población total del Ecuador, mientras que conformaban el 7,3 % de la población carcelaria, lo que implica una sobrerepresentación de esta nacionalidad. Como se señala en la nota al pie de la introducción de este apartado, sería un error leer ese solo dato como expresión de un mayor comportamiento delictivo de la migración venezolana en Ecuador. Habría que contrastarlo con otros (que lamentablemente no están disponibles) para saber si apuntan en el mismo sentido, así como evaluar si existe una mayor propensión del sistema penal hacia la persecución de venezolanos.

Perú

Tres estudios aportan datos sobre la relación entre migración venezolana en Perú y ocurrencia delictiva, con resultados similares. Un informe de la OIM Perú (2022) señala que “de acuerdo con la información policial, del total de denuncias recibidas en Lima y Callao (lugares donde habita el 82,3 % del total de la población migrante venezolana en Perú), el 0,6 y 0,7 % representan las denuncias hechas contra personas venezolanas en los años 2019 y 2020, respectivamente”. La población venezolana representa el 9 % del total de la población de Lima y Callao, con lo cual el porcentaje de denuncias policiales (0,6 y 0,7 %) sugiere una subrepresentación de la nacionalidad venezolana. El informe agrega que la población venezolana privada de libertad era de 944 personas (2021), 692 procesadas y 252 sentenciadas, de una población penitenciaria total de 45 883 personas (OIM Perú, 2022). Se trata del 2 % de la población penitenciaria total, mientras que ese año los venezolanos representaban el 3,8 % de la población total del Perú, lo que implica una subrepresentación en la población carcelaria. Bahar, Dooley y Selee (2020, 12) identifican las mismas tendencias nacionales con datos penitenciarios de 2020:

las tasas de criminalidad en la mayoría de las regiones metropolitanas principales donde se concentran los venezolanos son bastante bajas, un hallazgo contrario a la narrativa impulsada por la nueva unidad de seguridad del gobierno de que los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros representan un problema para el país. Si bien la población carcelaria nacida en el extranjero es un indicador imperfecto de la delincuencia en general, estos hallazgos sugieren que la presencia de venezolanos no está relacionada con aumentos en las tasas de delincuencia.

En un tercer estudio (Castro y Mejía, 2020) se realizó una estimación de panel de efectos fijos tomando datos de 2017-2018 para los 50 distritos de Lima Metropolitana, vinculados con los delitos de hurtos, robos, lesiones, homicidios y violencia sexual presuntamente cometidos por venezolanos. Los resultados de ese análisis

indican que la migración venezolana no tendría efectos significativos en los delitos relacionados a hurtos, robos, lesiones, homicidios y violencia sexual en Lima Metropolitana. En otras palabras, dada la información disponible, no existe evidencia suficiente para afirmar que la migración se encuentra ligada a mayores niveles de delincuencia a pesar de que, tal lo observado en este documento, los medios de comunicación y algunas posiciones institucionales vinculen a los migrantes con el incremento de delitos. Ello sería un indicador de que la criminalidad en la ciudad de Lima se encuentra ligada a otros factores, ajenos a la dinámica migratoria para dichos tipos de delitos.

En sintonía con las investigaciones citadas, los datos más actualizados de la encuesta nacional de victimización (con datos nacionales, de Lima y El Callao) identifican una tendencia al decrecimiento de la victimización delictiva entre 2018 y 2021, momento en el cual la población venezolana creció.

Cuadro 8
Perú: Crecimiento de población venezolana / Decrecimiento de victimización

Fuente: https://www.r4v.info e INE (2015-2021).

La victimización nacional disminuyó en un 29 % en ese período y la de Lima/El Callao, en 22 %, mientras que la población venezolana aumentó en 203,7 % en el mismo lapso, lo que sugiere la ausencia de un impacto de la migración en la ocurrencia delictiva.

Chile

El estudio de Bahar, Dooley y Selee (2020, 5) compara el porcentaje de venezolanos del total de la población chilena (a partir de datos nacionales y subnacionales) con el porcentaje del total de venezolanos acusados por algún crimen, durante los años 2018 y 2019, tras lo que se concluye que los venezolanos son menos acusados de cometer delitos que el resto de la población del país. En 2018, según los autores, los venezolanos representaban el 1,5 % de la población de Chile y solo el 0,3 % del total de acusados por algún delito eran de Venezuela; en 2019 eran el 2,4 % de la población total del país y solo el 0,7 % del total de acusados por algún delito eran venezolanos. En la región metropolitana de Santiago, donde“reside el 84 % de los venezolanos, estos representaron menos del 0,5 % de todos los delitos en 2019, muy por debajo de su proporción de población del 4,8 %” (6).Estos datos sugieren un comportamiento delictivo de los venezolanos menor al del resto de la población del país.

Un diagnóstico similar se obtiene si se contrasta la proporción del crecimiento de la población venezolana migrante en Chile, entre 2018 y 2021, con el decrecimiento de la victimización en esos mismos años, reportada por la población a través de la encuesta nacional de victimización (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC).

Cuadro 9
Chile: crecimiento de población venezolana / Decrecimiento de victimización

Fuente: https://www.r4v.info y ENUSC (2022).

Mientras que la población venezolana creció en 279 % entre 2019 y 2021, la victimización decreció en 33 % en el mismo período. Aunque aumentó en 2022 (21,8), no llegó a su equivalente en 2018 (25,4). Estos datos demuestran que, no solo los venezolanos no inciden en el aumento de la criminalidad global en Chile, sino que el aumento del temor a ser victimizado en esa sociedad no se corresponde con los datos reales de ocurrencia de delitos.

Otras tres investigaciones (Blanco, Cox y Vega, 2020; Dammert y Sandoval, 2019; Roessler, Salas, Salgado y Vicuña, 2020) llegan a las mismas conclusiones luego de analizar la data sobre delitos conocidos, pero sin desagregar el origen nacional de la migración: “los extranjeros participan poco en delitos y, más aún, su participación relativa ha venido cayendo en los últimos años” (Blanco, Cox y Vega,
2020, 61). “La información revisada da cuenta de una participación de los extranjeros en el delito muy inferior a la población chilena. Por lo tanto, no es posible afirmar seriamente que los extranjeros tengan una condición especial que haga de ellos un factor que potencie la vinculación con carreras criminales”
(Dammert y Sandoval, 2019, 220). Por su parte, Roessler, Salas, Salgado y Vicuña, compartiendo el diagnóstico anterior, agregan que “entre los años 2010 y 2019 la cantidad de personas extranjeras que han sido víctimas es casi el doble de las que han sido victimarias”.

Sobre qué hacer

Los datos presentados (en tres de los cuatro países) sugieren que el temor hacia la población migrante venezolana no se relaciona con una peligrosidad real de la mayoría de esta. En los casos en los que los datos sugieren una ligera mayor comisión de algunos delitos por parte de migrantes (como en algunas zonas fronterizas de Colombia), estos se refieren a delitos menores, sin violencia (hurto), encuadrables en la situación de extrema vulnerabilidad y necesidad con la que transitan los migrantes. En el caso del Ecuador, no hay datos que permitan realizar algún tipo de conclusión.

La protección de los derechos de los migrantes y de las sociedades receptoras pasa por: a) una problematización de los discursos y sentidos que contribuyen a la estigmatización de los migrantes, b) políticas de protección legal a los migrantes, y c) políticas de inserción laboral digna. Sin embargo, es evidente que hay que trabajar en la transformación estructural de la crisis económica y política venezolana, cuya permanencia mantendría la expulsividad de esa sociedad. Más allá de las complejidades, hay algunos mínimos sobre los que pueden avanzar tanto los venezolanos como los gobiernos y sociedades de la región: promover un acuerdo mínimo para superar la excepcionalidad política (reconstitucionalizar el conflicto y ofrecer garantías democráticas a todos los actores) y exigir el cese de las medidas coercitivas unilaterales, con cuya existencia es imposible una sostenida recuperación económica y se mantendría la opacidad en el manejo de la gestión pública.

Referencias

24 horas. (2024, 3 de marzo). Encuesta Pulso Ciudadano: delincuencia e inmigración son los principales problemas que afectan al país. https://www.24horas.cl/actualidad/nacional/pulso-ciudadano-delincuencia-e-inmigracion-son-los-principales-problemas

Antillano, A., Chacón, C., Dávila, J., y Sepúlveda, Ch. (2023). La muchedumbre marcada. Migración popular venezolana y economías políticas de la movilidad. En: Aylin Torres, Alexandra Martínez y Ferdinand Muggenthaler (compiladores), “Y aquí estamos”. Migraciones populares trabajo y economías. Fundación Rosa Luxemburg.

Bahar, D., Dooley, M., y Selee, A. (2020). Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas. Un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile. Migration Policy Institute.

BID. (2023a). ¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe?: mapeo de la integración socioeconómica. https://publications.iadb.org/es/en-que-
situacion-estan-los-migrantes-en-america-latina-y-el-caribe-mapeo-de-la-integracion

BID. (2023b). Análisis de la opinión pública sobre la dinámica migratoria regional. BID, Unidad de migración. https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Analisis-de-la-opinion-publica-frente-a-la-dinamica-migratoria-regional-edicion-2023.pdf

Blanco, N., Cox, L., y Vega, V. (2020). Inmigración y delincuencia: un problema acotado. En: Isabel Aninat y Rodrigo Vergara (editores), Inmigración en Chile. Una mirada multidimensional, p. 61. Fondo de Cultura Económica.

Bolívar, L. y Rodríguez, C. (2019). Crisis migratoria venezolana y responsabilidad de los Estados. Provea. https://provea.org/wpcontent/uploads/2019/05/MigracionLigia-1.pdf

Castillo, J. et al. (2019). Seguridad ciudadana y migración venezolana. Documento de seguimiento 1. Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Castro Anillar, D., Rodríguez Macias, L., y Cañizares Delgado, A. (2023). La carga etiquetante en el migrante venezolano en Ecuador. Un estudio comparado entre el procesamiento judicial y la matriz mediática. ENCUENTROS Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico, mayo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7901721

Castro, M. y Mejía, X. (2020). Una mirada a la migración venezolana y seguridad ciudadana en Perú. Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE). https://equilibriumcende.com/wp-content/uploads/2023/09/Una-mirada-a-la-migracion-venezolana-y-seguridad-ciudadana-en-Peru.pdf

CEDATOS. (2024, 26 de febrero). Boletín de Prensa CEDATOS. https://cedatos.com/2024/02/26/boletin-de-prensa-cedatos-aprobacion-a-la-gestion-del-presidente-daniel-noboa-registro-el-81-4-ultimo-estudio-de-opinion-al-22-de-febrero-2024/?fbclid=IwAR3TElw4N-eumN_PNt85PJLwJ-pxqlcasLBdDUUQfhBf73rxZkWepDqLhJM

Comisión estadística de seguridad ciudadana y justicia. (2024). Denuncia de delitos de mayor incidencia. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/justicia-y-crimen/

Cruz-González, M. C., y Cárdenas Ruiz, J. D. (2022, 1 de octubre). La migración venezolana y su construcción en la agenda pública en las conversaciones de Twitter en Suramérica 2014-2019. Colombia Internacional. http://journals.openedition.org/colombiaint/1344

Dammert, L., y Sandoval, R. (2019). Crimen inseguridad y migración: de la percepción a la realidad. En: Nicolás Rojas Pedemonte y José Tomás Vicuña SJ (editores), Migración en Chile, p. 209. LOM ediciones.

DANE y ECSC (Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana). (2018-2021).
https://www.dane.gov.co/

DW. (2021, 19 de diciembre). Claudia López se retracta frente a los migrantes venezolanos. https://www.dw.com/es/claudia-l%C3%B3pez-se-retracta-
de-sus-declaraciones-contra-los-migrantes-venezolanos/a-60189057

ENUSC (Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana). (2022). www.ine.gob.cl

Fiallo Flor, M. (2020, 5 de febrero). Perú: ¿lucha contra la “migración delictiva” o persecución a venezolanos? PanAm Post. https://panampost.com/mamela-
fiallo/2020/02/05/peru-persecucion-
venezolanos/

Franco Mora, J. S. (2020). ¿Los sospechosos de siempre? Efectos de la migración irregular en la criminalidad. Serie Documentos Cede, 8, 23.

INE. (2015-2021). Victimización en el Perú. https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1850/libro.pdf

INEC. (2022). Censo Penitenciario. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-
penitenciario-2022/

Knight, B., y Tribín-Uribe, A. M. (2020). Immigration and Violent Crime: Evidence from the Colombia-Venezuela Border. Borradores de Economía, 1121. https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9880/be_1121.pdf?sequence=1

Laboratorio de percepción ciudadana y migración. (2023). La opinión pública respecto de la migración en América Latina y el Caribe. BID. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/La-opinion-publica-respecto-de-la-migracion-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

Lagos, M., y Dammert, L. (2012). La seguridad ciudadana, el problema principal de América Latina. Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf

León Cabrera, J. M. (2019, 28 de enero). La xenofobia en Ecuador empuja a migrantes venezolanos a salir del país. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2019/01/28/espanol/ecuador-ibarra-venezolanos.html

Misión Verdad. (2023, 4 de mayo). Las causas fundamentales de la migración desde Venezuela. https://misionverdad.com/venezuela/las-causas-fundamentales-de-la-migracion-desde-venezuela

NTN24. (2024, 3 de abril). Trump asegura que la criminalidad ha disminuido en Venezuela porque “depositan a todas sus pandillas” en EE. UU. https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/
trump-asegura-que-la-criminalidad-ha-disminuido-en-venezuela-porque-depositan-a-todas-sus-pandillas-en-ee-uu-482347

OIM Perú. (2022). El Fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana. OIM. https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-06/OIM_MP_Fenomeno_Migratorio_Venezolano_Percepcion_Inseguridad_MAR22.pdf

Ordóñez, J. T., y Ramírez Arcos, H. E. (2019). (Des)orden nacional: la construcción de la migración venezolana como una amenaza de salud y seguridad pública en Colombia. Revista Ciencias de la Salud, 17, 48-68. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.8119

OXFAM. (2019). Sí, Pero no Aquí: Percepciones de xenofobia y discriminación hacia migrantes de Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú. OXFAM.

OXFAM. (2023). Entre la empatía y el rechazo. Estudio de percepciones de xenofobia y discriminación hacia personas migrantes de Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú. OXFAM.

Pegoraro, J. (2000). Violencia delictiva, inseguridad urbana. La construcción social de la inseguridad ciudadana. Revista Nueva Sociedad, 167, 120. http://www.nuso.org/revista.php?n=167

Phélan, M. y Osorio, E. (2020). Migración y refugio en Venezuela 1998-2020. Dos miradas de una tragedia. TraHs Números especiales, 6.

Karen Pinto Duitama, K. (2024). Para los colombianos, el principal problema es el orden público. https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/los-principales-problemas-de-colombia-segun-invamer-3810985

R4V Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (2023a). Análisis de necesidades de refugiados y migrantes. https://www.r4v.info/es/document/rmna-2023-analisis-de-necesidades

R4V Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (2023b). Refugiados y migrantes venezolanos en la región.
https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-nov-2023

RCN. (2017, 2 de mayo). Se vinieron los limosneros y desocupados de Venezuela para acá: Alcalde de Bucaramanga. https://www.rcnradio.com/colombia/
santanderes/se-vinieron-los-limosneros-desocupados-venezuela-aca-alcalde-bucaramanga

Roessler, P., Salas, E., Salgado, C., y Vicuña, J. T. (2020). Criminalidad, seguridad y migración. Un análisis en el Chile actual. Informe 4. Servicio Jesuita para Migrantes.

Sozzo, M. (2000). ¿Hacia la superación de la táctica de la sospecha? Notas sobre prevención del delito e institución policial. Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, 10. http://catedras.fsoc.uba.ar/diacsop/uploads/Sozzo-Cels_tactica%20de%20la%20sospecha.pdf

Sozzo, M. (2003). ¿Contando el delito? Análisis crítico y comparativo de las encuestas de victimización en Argentina. Cartapacio de Derecho: Revista Virtual de la Facultad de Derecho, 5. https://www.pensamientopenal.com.ar/system/
files/2015/01/doctrina40378.pdf

Stefoni, C., y Brito, S. (2019). Migraciones y migrantes en los medios de prensa en Chile: la delicada relación entre las políticas de control y los procesos de racialización. Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 23(2). https://repositorio.umayor.cl/xmlui/bitstream/handle/sibum/7001/Migraciones%20y%20migrantes_art.pdf?sequence=1

UACB. (2018-2023). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Villasmil, R. (2022). Medición del impacto de la migración en Venezuela. BID.

^[1]        Sociólogo; magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina; codirector de Surgentes, colectivo de DDHH.

^[2]        Brasil entró en la lista de los principales países receptores, superando a Ecuador y a Chile, a partir de 2023.

[3] La primacía de la motivación económica de la migración es un dato corroborado por distintos estudios, desde 2018 (UACB, 2018-2023; Villasmil, 2022; Bolívar y Rodríguez, 2019; Phélan y Osorio, 2020).

[4] Datos más actualizados, suministrados por el embajador de Chile en Venezuela, señalan que la cifra oficial del Estado chileno es superior a los 700 000 migrantes venezolanos a inicios de 2024.

^[5]        Entre 2013 y 2020, “las importaciones totales de bienes se contrajeron en un 89 %, la mayor caída registrada en el mundo en un lapso de siete años. En consonancia con esta caída, el Producto Interno Bruto se desplomó en 77 %. La inflación anual promedio en este período superó los 25 500 % y el salario mínimo registró una caída acumulada de 98,2 %, al descender de 148 a 2,38 dólares mensuales entre febrero de 2013 y octubre de 2021” (Villasmil, 2022).

^[6]        Encuentro en Palenque, Chiapas, “Por una vecindad fraterna” (Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela). Conferencia de prensa conjunta y Lectura de Acuerdos, 22 de octubre de 2022, Palenque, Estado de Chipas, México. https://www.gob.mx/sre/documentos/mensaje-a-medios-de-comunicacion-en-el-marco-del-encuentro-de-palenque-por-una-vecindad-fraterna-y-con-bienestar?idiom=es

^[7]        Entre ellos, el carácter rentista de la economía venezolana (dependiente de los vaivenes de los precios internacionales del petróleo), la concentración de medios de producción y riqueza en pocas manos, y la corrupción asociada al manejo de la renta petrolera, lo que ha propiciado, en los últimos 100 años, el surgimiento de elites económicas parasitarias.

^[8]        Entre los cuales están la caída en más del 60 % de los ingresos de origen petrolero, desde 2014 hasta 2016; el inmovilismo y la ineficiencia en materia de política económica (que incluye la decisión de continuar pagando deuda externa en medio de la crisis), entre 2012 y 2015; y la radicalización de las tácticas de la oposición, nacional e internacional, para forzar un cambio de gobierno (lo que incluye las medidas coercitivas unilaterales).

^[9]        Es un proceso que ocurre, de manera similar, en otros países: “una encuesta internacional que se llevó a cabo en veinte países concluyó que en todos había una fuerte desaprobación de la migración, y en catorce de estos países los participantes creían que la migración traía de la mano un aumento en el crimen” (Dammert y Sandoval, 2019).

^[10]      El mismo estudio cita una investigación previa que señalaba que “en Ecuador, por ejemplo […] cuando inició el flujo migratorio (2017) existía simpatía por los migrantes venezolanos; pero luego surgió un cambio de percepción, particularmente contra las personas afrodescendientes venezolanas, que profundizó el racismo, pues, para ciertas personas en esa región, se asocia el tono de la piel con pobreza, falta de desarrollo intelectual y delincuencia, dando lugar a situaciones de discriminación y xenofobia”.

^[11]      Andrés Michelena en X,  21/01/19 https://twitter.com/caanmichelena/status/1087355733639946241

^[12]      Seis años después, cuando el flujo de la migración popular hacia EE. UU. se acentuó, el expresidente (y actual precandidato presidencial) Donald Trump se pronunció en un sentido similar: “En Venezuela el crimen bajó 67 %, porque se están llevando a todas sus pandillas y a todos sus criminales y los están depositando en los Estados Unidos de América” (NTN24, 2024).

^[13]      Declaraciones luego de Consejo de Seguridad Distrital, agosto de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=uMpPVt2ARz0

^[14]      Antes de presentar las investigaciones sobre el tema, conviene contextualizar un poco los límites de esos datos. La estadística criminal es el registro oficial de: a) hechos presuntamente delictivos que son denunciados por las víctimas, b) hechos presuntamente delictivos que son conocidos por la institución policial (aunque no hubiere denuncia), c) así como datos producidos en el marco de la acción penal (investigación, juicio, condena, encarcelamiento) (Sozzo, 2003). Evidentemente, existen muchos más hechos delictivos que los que son denunciados o conocidos por la Policía o los que son efectivamente juzgados y sancionados. Ello condena a toda estadística criminal a un subregistro. La falta de confianza en las instituciones del aparato penal o la certeza de que frente a algunos delitos (el hurto, por ejemplo) es poco lo que se logrará contribuyen a la falta de denuncia. La falta de eficacia de los sistemas penales con algunos delitos y delincuentes también contribuye a la impunidad de varios delitos y, en consecuencia, al subregistro de hechos delictivos. Por otra parte, el propio aparato penal (las leyes penales que priorizan unos delitos y perfiles sociales, las policías y todos los operadores de justicia) es selectivo en su funcionamiento. Todo aparato penal prioriza unos tipos de delitos por sobre otros, unos tipos de personas (clase, condición étnico-racial, nacionalidad, sexo/género, etc.) por sobre otros, generando sobrerrepresentaciones y subrepresentaciones. Todas estas son limitaciones de las estadísticas criminales que conviene tener en cuenta. La mayoría de los países realizan encuestas de victimización que pretenden suplir, parcialmente, ese subregistro y aproximarse a la cifra real. Estas encuestas, a partir de una muestra representativa de la población, interrogan sobre su victimización (general y por delitos), generando datos más próximos a la realidad que los sustentados en denuncias. Sin embargo, estas encuestas también tienen sus limitaciones. Hay delitos, como las violencias sexuales o los delitos de “cuello blanco”, que difícilmente pueden ser tratados por esta vía. Pese a las limitaciones aquí señaladas, es posible, desde la cautela y a partir de la contrastación de fuentes distintas, obtener datos que aproximen respuestas a nuestras interrogantes.

[15] La cifra de población de esta fuente en relación con el año 2018 es distinta a la reportada por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V para el mismo año (988 946). Se mantiene la señalada por la fuente para no alterar los cálculos que se desprenden de sus datos.

[16] La cifra de población de esta fuente en relación con el año 2018 es distinta a la previamente citada de Jerónimo
Castillo et al. (1 359 815). Se mantiene esta para garantizar la comparabilidad de los datos con la misma fuente.

^[17]      La búsqueda solo arrojó el trabajo exploratorio de Daniel Castro Anillar, Luis Rodríguez Macias y Andrés Cañizares Delgado (2023).

^[18]      Entre estos factores se encuentran: la dolarización de la economía, que facilita la legitimación de capitales; el aumento de la prisionalización en la década anterior; la cesión del control carcelario en relación con grupos delictivos; la disputa por el espacio que dejaron vacío las FARC luego de los Acuerdos de Paz; la reconfiguración internacional de los circuitos de producción, procesamiento, distribución y tráfico de la droga (que encadenan y tercerizan con organizaciones locales), en un contexto de aumento de la producción en Colombia y Perú, y de caída del consumo en
EE. UU.; la debilidad institucional; y el empobrecimiento del país, que aumenta la creación de un ejército de reserva para la explotación de las estructuras criminales.